La Corte Suprema de Justicia dejó firme, por el momento, la medida cautelar que ordena al Estado nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se produjo luego de que el máximo tribunal desestimara la apelación presentada por el Poder Ejecutivo al considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
De esta manera, continúa vigente la orden judicial que exige la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, así como la recomposición de distintos programas y partidas destinadas a los estudiantes.
La resolución representa un respaldo transitorio a los reclamos impulsados por el sistema universitario público, que viene advirtiendo sobre el impacto de la inflación y la insuficiencia presupuestaria para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, la cautelar deberá ser cumplida por el Gobierno nacional hasta que se dicte una resolución definitiva sobre la validez y aplicación de la norma
