Desde un sector de la oposición impulsan una revisión de los procedimientos administrativos que deben cumplir los establecimientos educativos de gestión privada en la ciudad. El planteo apunta a conocer en profundidad cómo interviene el Municipio en los procesos de habilitación y si las inspecciones locales coinciden o se duplican con las regulaciones y los mecanismos de supervisión que dependen del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La propuesta busca esclarecer qué organismos tienen competencia sobre estos establecimientos, cuáles son las condiciones exigidas para su funcionamiento y si existe una superposición de trámites o requisitos que pueda generar dificultades administrativas para las instituciones educativas.
