Ante la avanzada del gobierno de Milei que pretende llevar la edad de imputabilidad a los 13 años, se desarrolló la Jornada de Debate y Reflexión en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata con importante presencia de organizaciones populares, funcionarios públicos e instituciones de la sociedad civil.
Primeramente, se leyó un informe realizado por la CTA Autónoma, el Foro por la niñez y el espacio No a la baja que expresó el estado de situación en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes frente a la reducción de políticas públicas por parte del gobierno nacional y ante la introducción de proyectos nacionales para reducir la edad de punibilidad. Allí se plantea que según datos de un relevamiento de UNICEF del año 2022, sólo el 0,45% del total de niños, niñas y adolescentes (nnyas) de la Argentina se encuentran involucrados en procesos penales juveniles; y en la provincia de Buenos Aires hubo 1.654 involucrados en procesos penales juveniles en 2022 (0,3% de la población de nnyas).
Pese al incremento de la pobreza, el presupuesto nacional en partidas centrales para la niñez, por ejemplo, evidencia una caída del 75% con respecto a 2023 y hay áreas sin ejecución como el plan de primera infancia, comedores escolares, apoyo de construcción de Centros de Desarrollo Infantil, ESI, entre otros.
Esas, y otras medidas, demuestran el abandono de funciones y misiones de los organismos que tenían como finalidad proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas niños y niñas. Incluso a esta situación se le suma el cierre de los Centros de Referencia pertenecientes al actual ministerio de Capital Humano, el cierre del INADI, y la baja de planes y programas orientados a cultura.
El gobierno nacional encabezado por Javier Milei apuesta a la criminalización de un sector de la sociedad castigado por su modelo económico. Por eso, desde este espacio tenemos que unirnos y poner límites a la avanzada punitivista que se basa en la pedagogía de la crueldad.
«El sistema penal no pacífica, no soluciona el problema de la inseguridad, no educa, y no da respuesta a la principal deuda que tiene el país con los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluye el informe.
